El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual (LPI), una reforma parcial del texto vigente que pretende fortalecer la posición de los creadores y facilitar la transición digital de las industrias culturales y creativas. Se trata del paso previo a su tramitación parlamentaria.
El Consejo de Ministros dio luz verde hace once meses al anteproyecto de ley para su debate entre los sectores afectados.
ENTIDADES DE GESTIÓN Y COPIA PRIVADA
Según han asegurado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, esta ley refuerza los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión, con mayores garantías de transparencia. De esta forma, se crea un mecanismo de ventanilla única, una entidad de carácter privado para el pago de los derechos de propiedad intelectual en la que tendrán que participar todas las entidades de gestión y que unificará el sistema de pago.
Otro de los aspectos de la Ley es la mejora de la protección de derechos de propiedad intelectual, frente a las vulneraciones en el entorno digital.
Además, se crea una nueva regulación del concepto de copia privada que se mantiene con cargo a los presupuestos generales del Estado. Así, el proyecto acota la situación actual de copia privada que queda circunscrita a la copias para uso privado y sin uso comercial de CDs y DVDs.
COMPENSACIÓN DE AGREGADORES A EDITORES
Como novedad -no estaba previsto en el anteproyecto- el proyecto de ley también reconoce la llamada popularmente "tasa Google", el derecho de empresas editoras de ser compensadas económicamente por explotación en determinadas circunstancias de sus contenidos. Así, queda abierta la posibilidad de que agregadores como Google News deban compensar a los editores.
La ley Sinde entró en vigor el 1 de marzo de 2012 tras una difícil tramitación en la que se mojaron dos ministros de dos gobiernos de orientaciones diferentes (Ángeles González Sinde y José Ignacio Wert) y tras una gran polémica entre internautas y activistas, que criticaban cómo una prerrogativa judicial pasaba a depender de un órgano administrativo, la "Comisión de Propiedad Intelectual" que empezaría a actuar en junio.
El Consejo de Ministros dio luz verde hace once meses al anteproyecto de ley para su debate entre los sectores afectados.
ENTIDADES DE GESTIÓN Y COPIA PRIVADA
Según han asegurado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, esta ley refuerza los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión, con mayores garantías de transparencia. De esta forma, se crea un mecanismo de ventanilla única, una entidad de carácter privado para el pago de los derechos de propiedad intelectual en la que tendrán que participar todas las entidades de gestión y que unificará el sistema de pago.
Otro de los aspectos de la Ley es la mejora de la protección de derechos de propiedad intelectual, frente a las vulneraciones en el entorno digital.
Además, se crea una nueva regulación del concepto de copia privada que se mantiene con cargo a los presupuestos generales del Estado. Así, el proyecto acota la situación actual de copia privada que queda circunscrita a la copias para uso privado y sin uso comercial de CDs y DVDs.
COMPENSACIÓN DE AGREGADORES A EDITORES
Como novedad -no estaba previsto en el anteproyecto- el proyecto de ley también reconoce la llamada popularmente "tasa Google", el derecho de empresas editoras de ser compensadas económicamente por explotación en determinadas circunstancias de sus contenidos. Así, queda abierta la posibilidad de que agregadores como Google News deban compensar a los editores.
La ley Sinde entró en vigor el 1 de marzo de 2012 tras una difícil tramitación en la que se mojaron dos ministros de dos gobiernos de orientaciones diferentes (Ángeles González Sinde y José Ignacio Wert) y tras una gran polémica entre internautas y activistas, que criticaban cómo una prerrogativa judicial pasaba a depender de un órgano administrativo, la "Comisión de Propiedad Intelectual" que empezaría a actuar en junio.