Esta vez todo vino por la basura. Los 6.000 trabajadores de las concesionarias de limpieza viaria de Madrid se pusieron en huelga. Luchaban contra un despido colectivo. Las papeleras se desbordaban y nadie cedía hasta que la porquería apareció en la prensa internacional. Entonces, el Ayuntamiento dio un ultimátum a las partes. La empresa retiró el ERE y los trabajadores aceptaron recortes. El presidente del Gobierno aprovechó la coyuntura y se declaró “partidario” de una ley que regulara los servicios mínimos. ¿El objetivo? “Que se cumplan”, adujo, y la mecha volvió a prender. ¿Busca el Ejecutivo una nueva reglamentación del derecho de huelga? ¿Se queda corta la actual? ¿Qué problemas hay? ¿Regular es limitar?
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