El pleno del Tribunal de Cuentas ha abierto, por primera vez en su historia, un proceso sancionador contra partidos políticos por supuesta vulneración de la ley de Financiación. Lo ha hecho contra Izquierda Unida a nivel federal, contra las direcciones de Andalucía y Baleares de esta formación y contra el Partido Aragonés Regionalista (PAR).
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